La comisionada del condado de Miami-Dade, Natalie Milian Orbis, rechazó públicamente este viernes cualquier eventual acuerdo entre Estados Unidos y el gobierno de Cuba que mantenga intacto el sistema político de la isla.
En un mensaje difundido en su cuenta de X, la funcionaria sostuvo que “cualquier negociación que preserve una dictadura comunista de partido único mientras ignora los requisitos fundamentales de la Ley Libertad es inaceptable”.
Milian Orbis reaccionó así al anuncio del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien temprano en la mañana confirmó conversaciones con funcionarios estadounidenses, supuestamente iniciadas por Raúl Castro.
El hecho, según la comisionada, refleja la creciente presión que enfrenta el régimen en medio de la crisis económica y política que vive el país.
La funcionaria subrayó que la legislación estadounidense es clara al establecer que las sanciones solo pueden levantarse cuando Cuba inicie una transición irreversible hacia una democracia multipartidista, respete plenamente los derechos humanos y las libertades civiles, y adopte medidas concretas para devolver o compensar las propiedades confiscadas a familias cubanas y cubanoamericanas.
En ese sentido, defendió la política de presión aplicada por la administración del presidente Donald Trump hacia La Habana y consideró que el endurecimiento de las sanciones ha contribuido a obligar al gobierno cubano a sentarse a negociar.
A su juicio, “la firmeza, no las concesiones”, es lo que empuja a los regímenes autoritarios a responder.
No obstante, la comisionada advirtió que la presión internacional debe traducirse en transformaciones políticas concretas.
Señaló que mientras el régimen continúe negándose a permitir elecciones libres y competitivas, persiga a los disidentes y se niegue a reconocer los derechos de propiedad, Estados Unidos no debería legitimar ni financiar su permanencia en el poder.
Milian Orbis afirmó además que la comunidad cubana en el exilio ha realizado sacrificios demasiado grandes como para aceptar un acuerdo que deje al pueblo de la isla sin democracia, derechos humanos ni restitución de bienes confiscados, principios contemplados en la Ley Libertad, también conocida como Ley Helms-Burton, firmada por el presidente William Clinton el 12 de marzo de 1996.
Las declaraciones de la comisionada se producen en medio de un creciente debate político en Estados Unidos, tras el reconocimiento por parte del gobierno cubano de contactos con Washington, un escenario que distintos actores políticos del exilio han interpretado como señal de la debilidad que enfrenta el régimen ante la crisis interna que atraviesa la isla.
