La sheriff de Miami-Dade solicitará al gobernador Ron DeSantis que obligue al condado a destinar 42 millones de dólares adicionales a la Oficina del Sheriff, argumentando que el presupuesto de 1,200 millones de dólares propuesto por la alcaldesa del condado es insuficiente para las necesidades de la agencia.
La sheriff Rosie Cordero-Stutz anunció el viernes por la noche su intención de presentar esta apelación ante el gobernador Ron DeSantis y el Gabinete estatal, haciendo uso de un recurso presupuestario que la ley de Florida otorga a los sheriffs.
“El condado de Miami-Dade no tiene que elegir entre seguridad pública e impuestos más altos o menos servicios”, afirmó Cordero-Stutz en un comunicado. “El condado de Miami-Dade puede financiar plenamente a las fuerzas del orden sin recurrir a ninguna de esas opciones y, mediante esta apelación, demostraré exactamente dónde se pueden generar ahorros”.
Ahora, la alcaldesa y la sheriff se enfrentarán en una disputa de gran repercusión sobre un presupuesto que entrará en vigor el 1 de octubre e incluye recortes en el servicio de autobuses para cubrir el déficit de ingresos del sistema de transporte del condado.
La apelación se dirigirá al gobernador y al Gabinete, integrado por el fiscal general del estado, el director financiero y el comisionado de agricultura. Este es el último enfrentamiento entre la alcaldesa Daniella Levine Cava —una demócrata que no puede optar a la reelección por límite de mandato— y Cordero-Stutz —una republicana en su primer mandato que se espera busque la reelección en 2028—.
A principios de este mes, ambas protagonizaron un altercado público horas después del accidente de un avión de carga en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando un micrófono abierto captó a la sheriff rechazando la petición de un asesor de Levine Cava para que la alcaldesa hablara primero en una conferencia de prensa.
Si la apelación prospera, Miami-Dade se verá obligada a reformular su presupuesto de 2027 para acatar la decisión de financiación del Gabinete, extrayendo fondos operativos de los aproximadamente 4,400 millones de dólares —provenientes mayoritariamente de impuestos sobre la propiedad y sobre las ventas— que financian servicios como la policía, las cárceles, los parques y el transporte público.
El presupuesto total del condado asciende a 14,300 millones de dólares, pero esta cifra incluye miles de millones provenientes de tasas a los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Miami, facturas de agua y recolección de basura, así como otras fuentes de ingresos que no están disponibles para financiar los servicios gubernamentales generales.
En la petición dirigida a Tallahassee, Cordero-Stutz exige más fondos provenientes de los impuestos sobre la propiedad —y de las arcas del condado— para la seguridad pública. Cordero-Stutz ha desestimado las advertencias de otros sheriffs de Florida sobre cómo un recorte estatal en dichos impuestos perjudica la seguridad pública.
El martes, Cordero-Stutz publicó en redes sociales un mensaje de apoyo a la Enmienda 3, el referéndum impulsado por DeSantis para reducir los impuestos sobre la propiedad, medida a la que se opone la Asociación de Sheriffs de Florida. Horas más tarde, DeSantis publicó su propio mensaje elogiando a Cordero-Stutz por “señalar a quienes difunden alarmismo en torno a la Enmienda 3”. Recientemente, Cordero-Stutz también contrató a Mark Glass, jefe de las fuerzas del orden estatales del gobernador, para ocupar el segundo puesto administrativo en su departamento.
Durante la presentación de su presupuesto a principios de este mes, Cordero-Stutz explicó a los comisionados que necesitaba fondos adicionales para reclutar más agentes, ampliar la plantilla y construir nuevas estaciones para la Oficina del Sheriff. Su solicitud total suponía un aumento del 12 % en la financiación fiscal para la Oficina del Sheriff, el doble del incremento del 6 % recomendado por Levine Cava. La Comisión del Condado —de mayoría republicana— aprobó el plan de Levine Cava para la Oficina del Sheriff, al que se añadieron aproximadamente 12 millones de dólares en las horas previas a la votación final del presupuesto.
