El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reclamó una regulación más estricta de las cámaras Flock que identifican matrículas y almacenan información sobre los vehículos que circulan por las carreteras. El mandatario advirtió que su expansión podría permitir un seguimiento indiscriminado de los movimientos de ciudadanos que no están vinculados con ningún delito.
“Estoy totalmente a favor de que las fuerzas del orden tengan herramientas para responsabilizar a los delincuentes, pero no quiero que esto se convierta en un estado de vigilancia”, declaró DeSantis durante un evento celebrado el miércoles 26 de agosto en la Universidad Internacional de Florida, en Miami.
El gobernador reconoció que estos dispositivos pueden ser útiles para localizar automóviles robados, personas desaparecidas o vehículos relacionados con investigaciones criminales. Sin embargo, sostuvo que su utilización ha quedado “fuera de control” y pidió a los floridanos que presionen a sus representantes estatales para establecer límites legales.Encontrar Guías Locales
Las cámaras de Flock Safety son lectores automáticos de matrículas instalados generalmente en postes junto a carreteras, entradas de urbanizaciones y estacionamientos. A diferencia de las cámaras tradicionales de semáforo, su función principal no es emitir multas, sino registrar los vehículos que pasan frente a ellas.
El sistema captura la matrícula, la fecha, la hora y la ubicación. También puede clasificar características como la marca, el color, el tipo de carrocería y determinados detalles visibles del automóvil. Esa información se convierte en una base de datos consultable por las agencias autorizadas.
Flock sostiene que sus lectores no emplean reconocimiento facial, que cada búsqueda queda registrada y que los clientes controlan el acceso, el intercambio y el periodo de conservación de la información. La compañía anunció además que su periodo recomendado de retención pasaría a ser de siete días, aunque la configuración puede depender del contrato y de las leyes de cada jurisdicción.
La preocupación de los críticos no se limita a una fotografía aislada de un automóvil. La presencia de múltiples cámaras puede permitir reconstruir parte de los desplazamientos de una persona al relacionar la misma matrícula con distintos lugares y horarios.
DeSantis sugirió que Florida examine las restricciones aplicadas en New Hampshire, uno de los estados con mayores límites sobre la vigilancia automatizada en las vías públicas.
En ese estado, el uso gubernamental de lectores de matrículas está sujeto a condiciones específicas. Los registros que no producen determinadas coincidencias deben eliminarse en un periodo muy reducido y existen prohibiciones más amplias contra sistemas fijos de vigilancia vial.
La legislación de New Hampshire exige que los datos de matrículas sean purgados en tres minutos, salvo cuando la lectura conduzca a un arresto, una citación, una custodia protectora o permita identificar un vehículo relacionado con una persona buscada o desaparecida.
El gobernador no presentó un proyecto concreto, pero afirmó que su administración revisará cómo las agencias estatales están utilizando estas herramientas. También vinculó el debate con su propuesta de desarrollar una Carta de Derechos frente a la inteligencia artificial.
La ley de Florida considera confidenciales las imágenes y los datos personales obtenidos mediante sistemas automáticos de reconocimiento de matrículas. También establece reglas sobre su instalación en determinadas carreteras y limita la conservación de los registros al periodo fijado por el calendario estatal correspondiente.
Sin embargo, las normas actuales no equivalen a una prohibición general ni resuelven todas las interrogantes sobre el intercambio de datos entre departamentos, el acceso de agencias externas, la duración de los registros y las circunstancias en que pueden realizarse búsquedas.
Las críticas han aumentado en Broward, Tampa Bay y otras comunidades de Florida. Algunos residentes reclaman auditorías públicas, periodos de conservación más cortos y autorizaciones judiciales para determinados usos. Otros exigen directamente que los gobiernos locales cancelen sus contratos.
